Los ministerios de Defensa y de Vivienda y el Ayuntamiento de Madrid firmaron el 25 de enero de 2005 un protocolo para establecer el marco de referencia en el que se iba a desarrollar la primera fase del proyecto de la Operación Campamento, integrada por dos ámbitos urbanísticos: las instalaciones militares de Campamento (APR 10.02) y el remate suroeste de Campamento (UNP 04.07). Este acuerdo inicial planteaba, aparte de la disposición de ambos ámbitos, la construcción de varias infraestructuras externas que se consideraban imprescindibles para solucionar el problema de tráfico de la zona. Entre ellas, se planteaba la construcción de dos túneles, uno bajo la actual A-5 y otro, como variante de la vía anterior, bajo el parque Cuña Latina- Sepúlveda, que, en total, sumaban 8 kilómetros de subterráneos. También se preveía la construcción de un intercambiador de transportes y un aparcamiento disuasorio. En este documento, el Ayuntamiento fijó como coste de estas insfraestructuras la cantidad de 617 millones, 585 de los túneles y 32 del intercambiador y el aparcamiento, que habían de pagarse a medias entre Defensa y el Ayuntamiento. El proyecto fue bendecido por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid el 8 de noviembre de 2006, mediante la aprobación inicial del plan parcial de reforma interior de este ámbito.

Sin embargo, posteriormente, el Ayuntamiento reconsideró el asunto. El intercambiador y el aparcamiento se mantuvieron pero los servicios de planeamiento urbanístico cambiaron el proyecto de túnel. De dos tramos, de 8 kilómetros de trazado, se pasó a uno de 2,6 kilómetros, que ha de discurrir desde el actual túnel de la avenida de Portugal hasta la carretera M-511 a Boadilla, ycon un tramo de transición en superficie de 640 metros hasta la avenida de los Poblados para entroncar con la futura Castellana del sur.  Fuentes de Defensa explicaron a Madridiario que los técnicos municipales plantearon en ese momento que la actualización del coste de la obra hacía que el precio del nuevo túnel fuese mucho más caro que el de los dos inicialmente previstos. Por eso, el Ayuntamiento propuso al Ministerio de Defensa aumentar su aportación, a lo que el departamento que dirigía Carme Chacón se negó.

Por ello, el convenio urbanístico que se firmó el 4 de mayo de 2009, en el que recogía la modificación de infraestructuras,  mantuvo los mismos costes y repartos ya acordados. El documento, firmado por las ministras de Defensa, Carme Chacón; Vivienda, Beatriz Corredor, y el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, al que ha tenido acceso Madridiario, deja claro que Defensa pagará la mitad del coste de la financiación de las infraestructuras pero se blinda ante futuras sorpresas de última hora. El Ejército, según el documento, solo asumirá el pago máximo de 308,5 millones de euros, independientemente de que el coste de las infraestructuras supere, como ya ha ocurrido, la estimación inicial de 617 millones de euros. Además, solo abonará las cantidades acordadas conforme se produzcan las certificaciones de  obra del proyecto ejecutado, lo que obliga al Ayuntamiento a acometer la obra y luego pedirle a Defensa su parte.

Unos días antes de la firma de este convenio, la entonces delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, defendió en el Pleno del 17 de abril de 2009 la negociación que había mantenido el Ayuntamiento de Madrid con Defensa. Argumentó que el Gobierno de la ciudad había sido responsable con los vecinos del suroeste para solucionar sus problemas de movilidad y matizó que esta postura era distinta a la de los socialistas de Alcorcón que habían planificado desarrollos en el norte de su municipio sin plantear infraestructuras que solventasen el tráfico. La tramitación continuó y el asunto quedó 'dormido' hasta que el 24 de octubre de 2011, la entidad estatal de suelo Sepes adquirió el 51 por ciento del terreno de las instalaciones militares de Campamento, lo que supone alrededor de un millón de metros cuadrados.

Sobrecostes y contraprestaciones
Fue entonces cuando el reloj comenzó a correr en contra del Ayuntamiento. La tramitación del desarrollo urbanístico obliga al Ayuntamiento a ir haciendo acopio de fondos para acometer el túnel que tanto necesita la zona y que tanto Gallardón como Pilar Martínez se comprometieron a realizar lo antes posible. El problema es que, según plantearon a este periódico digital fuentes técnicas cercanas al proyecto, el precio de la obra se ha disparado y sigue en aumento a medida que pasa el tiempo, con el agravante de que todo el sobrecoste que se produzca soble los 617 millones iniciales recaerá sobre las arcas del Consistorio. Dichas fuentes calculan que, actualmente, la factura podría rondar los mil millones de euros.

Fuentes del Área de Urbanismo informaron a Madridiario que el Ayuntamiento está a la espera de la presentación del proyecto de urbanización del terreno por parte de Sepes, que se producirá en las próximas semanas, y de la reparcelación de este ámbito. Hasta entonces, aseguran, no pueden hacer cálculos sobre el coste de las infraestructuras ya que, a pesar del convenio existente, dicen no conocer las cargas urbanísticas del proyecto. Cuando las conozcan, añaden, impondrán contraprestaciones a Sepes con las que financiar su parte correspondiente de las infraestructuras. Desde la entidad estatal de suelo Sepes responden que la empresa pública tan solo está obligada a asumir la parte equivalente a su propiedad en el pago de los proyectos previstos, tal y como acordó con Defensa en el contrato de compra de suelo. Eso representa entre 78 y 80 millones de euros, que se contabilizarán como parte de los 308,5 millones que el Ministerio debe aportar. También aseguran que cederán al municipio la cantidad de suelo que prevé la ley.

El ayuntamiento de roma tendrá que retirar su candidatura para los juegos olímpicos de 2020. la decisión ha sido tomada por el primer ministro de italia, mario monti, después de estudiar los resultados de un informe costes/beneficios muy desfavorable. la fecha límite de presentación oficial de las candidaturas es mañana, 15 de febrero. de esta manera, roma se descuelga del listado de ciudades candidatas a albergar las olimpiadas en 2020, que incluye a madrid, tokio, estambul, doha y baku

el informe económico presentado por el gobierno italiano evidencia importantes incógnitas debidas al alto endeudamiento que suponen los juegos olímpicos. en el informe se analizan los casos de atenas (2004) y londres (2012), cuyos costes, en ambos casos, han acabado duplicando las inversiones inicialmente previstas. el presidente italiano monti ha anunciado la decisión, subrayando su convencimiento de que las olimpiadas representan una importante oportunidad de desarrollo e inversión, pero “no en este momento y en las circunstancias en las que nos encontramos”

Sólo unos días antes de la salida de la delegada de las Artes del Ayuntamiento se renovaron nueve altos cargos de Macsa. La empresa municipal de gestión cultural no remitió a Hacienda los contratos, por cuatro años más, de los directivos

El 21 de diciembre de 2011, Alberto Ruiz-Gallardón fue elegido como ministro de Justicia por Mariano Rajoy para formar su Gobierno. Sólo dos días antes, cuando en el Ayuntamiento de Madrid la salida del entonces alcalde era casi una evidencia, el 19 de diciembre, la empresa municipal Madrid, Arte y Cultura (Macsa), renovó el contrato a nueve directivos por entre dos y cuatro años. Unos contratos millonarios con los que aseguró el trabajo para casi toda la legislatura que, en apenas dos días, iba a sufrir la «revolución» del cambio de alcalde.

Diez días después de las renovaciones, la responsable del Área de Gobierno de las Artes y creadora de Macsa, Alicia Moreno, abandonó el Ayuntamiento de Madrid. En su lugar se nombró a otro independiente, Fernando Villalonga, hasta ese momento cónsul de España en Nueva York.

Tras una primera toma de contacto, el nuevo delegado de las Artes tuvo que ponerse manos a la obra con el plan de austeridad implantado por la nueva alcaldesa, Ana Botella, para buscar todas las «monedas» entre los «sofás» de cada Área de Gobierno y recortar todos los gastos superfluos. Durante la revisión de las cuentas, Villalonga descubrió que había contratos de montante elevado que no habían pasado un trámite preceptivo para cumplir con la legalidad.

Altos directivos
Se trataba, precisamente, de las renovaciones del 19 de diciembre y de otros dos contratos de renovación del mes de julio, que afectan al director y a la gerente del Teatro Español, Mario Gas y María Andura, respectivamente; a la directora de Fiestas Populares, Delia Piccirilli; al director de los Veranos de la Villa, Manuel Gutiérrez; y a la directora del Teatro Fernán Gómez, Mora Apreda, entre otros.

En concreto, estos contratos no habían pasado por el trámite de informar a la Dirección General de Presupuestos, que es preceptivo para formalizarlos. De este modo, el flamante titular de las Artes decidió proceder con cautela y pidió a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento que analizase con detalle dichos contratos para confirmar si la renovación de los mismos es válida o no.

Vorágine municipal
Fuentes de Madrid, Arte y Cultura, indicaron a Europa Press que entre las irregularidades de dichos contratos estaría que Hacienda no tuvo conocimiento de los mismos, ni se dio cuenta al respecto en los Consejos de Administración. Villalonga informó ayer al Consejo de Administración de MACSA de esto, durante el cual, la consejera delegada de este organismo, Cristina Conde, presentó su dimisión y la gerente de la empresa, Isabel de Miguel, fue cesada. Para cubrir sendos puestos –y, de este modo, ahorrar en cargos directivos siguiendo la política de austeridad y ajuste del gasto de Botella– se designó a Yolanda Bergareche.

El origen de este fallo formal podría estar en la vorágine en la que se sumergió el consistorio cuando Gallardón fue designado como ministro de Justicia, puesto que, en una semana, el alcalde dejó su puesto, seguido del vicealcalde y varios delegados; además, tomó posesión la nueva regidora, Ana Botella, y nombró a un nuevo equipo de Gobierno. Sin embargo, ahora los servicios jurídicos determinarán la validez de las renovaciones.

Un sueldo de «estrella»
El éxito de Mario Gas al frente del Teatro Español es indiscutible, pero su sueldo de «estrella» ha sido cuestionado una y otra vez, especialmente desde el momento en que la crisis obligó a sacar las tijeras en los presupuestos municipales. Fue en 2008 cuando, al anunciar los primeros recortes, llamaba la atención que el sueldo de Gas fuese superior al del propio alcalde. Sus emolumentos rozaban los 200.000 euros entre el salario base –100.000 euros–, los 45.000 que cobraba por cada espectáculo que dirigía y una «ayuda para el alquiler» de cerca de 10.000 euros. Aunque la reducción del gasto también afectó a esta partida, el sueldo del dramaturgo no bajó en ningún momento de los 100.000 euros. Una cantidad que Alicia Moreno defendió desde 2004, cuando casi doblaba la retribución de su precedesor al frente del Teatro Español.

De la «croqueta» a los «camerinos»
La gestión de Alicia Moreno en las Artes ha estado marcada por la polémica. Ante todo independiente, Moreno decidió revolucionar la cultura madrileña dándole un toque moderno que fue chocante para algunos. Uno de los primeros ejemplos fueron las luces en las que palabras como «croqueta» o «lujuria» felicitaban la Navidad. El último, la fotografía del «cristo» de la exposición «Camerinos» en Español.